04/04/2024

El Gobierno y CERMI acuerdan derogar el despido automático por incapacidad permanente

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, han firmado un acuerdo para la protección frente al despido automático de las personas con incapacidad permanente, como señala el artículo 49.1 e) del Estatuto de los Trabajadores, actualmente en vigor.

El acuerdo suscrito con el CERMI se suma a los alcanzados en materia de incentivos o para la elaboración del Libro Blanco sobre el Empleo y la Discapacidad. Además, fruto del trabajo conjunto se han adoptado medidas para favorecer la contratación de personas con capacidad intelectual límite.

El texto señala el pleno compromiso del Gobierno “con la defensa y el desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad, la eliminación de las desigualdades y la discriminación y su integración real en todos los ámbitos de la sociedad”, y permitirá derogar como causa de extinción automática de la relación laboral el reconocimiento de incapacidad permanente a una persona trabajadora.

Incentivos a la contratación

También en el ámbito de la discapacidad, el acuerdo alcanzado sobre los incentivos a la contratación del Real Decreto 1/23 ha permitido dotar de una bonificación a la contratación de las personas con discapacidad, por un importe de 1.774 millones de euros.

Además, hace menos de un año se acordó suscribir el Libro Blanco sobre el Empleo y la Discapacidad, la hoja de ruta a desarrollar en esta materia a lo largo de esta legislatura.

Una cuestión de derechos

Para el Gobierno español, la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución Española no supone solo un cuestión terminológica o semántica. “Es, ante todo, una cuestión de derechos: el mandato que nuestra Carta Magna impone a los poderes públicos es la obligación de diseñar y aplicar las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad, respetando su libertad de elección y atendiendo, en particular, a las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad”.

Al respecto, la vicepresidenta segunda ha señalado: "Lejos de cualquier afán de autocomplacencia o triunfalismo, consideramos esta etapa de gobierno como decisiva para completar las pautas estructurales de crecimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito laboral".