17/11/2022
El Ministerio de Trabajo y Economía Social acepta las peticiones del CERMI, tercer sector y la economía social, y mantiene en su integridad el marco vigente de bonificaciones a la contratación de personas con discapacidad
El Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES) ha aceptado las demandas del movimiento social de la discapacidad, el tercer sector y la economía social, y mantendrá en su integridad el marco vigente de bonificaciones a la contratación laboral de personas con discapacidad. Organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, tercer sector, sindicatos e incluso fuentes del Gobierno de España han expresado su satisfacción por esta decisión.
Según informa Servimedia, el compromiso se hizo realidad el pasado viernes, 11 de noviembre, gracias a un acuerdo entre la propia vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en virtud del cual no se eliminarán incentivos al empleo de las personas con discapacidad en el marco del anteproyecto de ley por la que se regulan los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad que ultima este ministerio.
El pacto llegó tras dos semanas de gran inquietud y fuerte rechazo en el sector de la discapacidad, dado que el mencionado anteproyecto, al concluir la fase de consulta pública, eliminaba la bonificación del 100% por la contratación de personas con discapacidad que tienen los Centros Especiales de Empleo (CEE), cuya plantilla por ley debe superar el 70% de integrantes de este colectivo. Derogar la legislación actual ponía en riesgo el trabajo directo de casi 100.000 personas contratadas en este tipo de entidades y las dejaba en situación de absoluta vulnerabilidad.
Además, esta reforma del Ejecutivo afectaba a cualquier tipo de empresa que colabora en el fomento del empleo de personas con discapacidad e incluso modificaba la regulación laboral vigente para el Grupo Social ONCE, donde un 59 por ciento de los empleados tiene algún tipo de discapacidad.
Reunión con la vicepresidenta Yolanda Díaz
La rectificación del Gobierno se plasmó finalmente tras una reunión de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, con el Cermi. Esta entidad fue quien anunció públicamente que Trabajo ha aceptado las demandas del movimiento social de la discapacidad y mantendrá en su integridad el marco vigente de bonificaciones a la contratación laboral de personas pertenecientes a este colectivo.
El Cermi valoró que cualquier decisión normativa futura sobre las políticas de inclusión laboral de personas con discapacidad se llevará a cabo a partir de las conclusiones y recomendaciones del Libro Blanco sobre Empleo y Discapacidad que está preparando en estos momentos el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Además, el Cermi subrayó que el Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha comprometido a que cualquier modificación sobre las bonificaciones e incentivos para la contratación de personas con discapacidad en España se hará siempre en diálogo y previa consulta con este sector y los interlocutores sociales.
El departamento dirigido por Yolanda Díaz promoverá con celeridad una solución normativa para restaurar la asimilación legal entre situaciones de incapacidad laboral permanente de Seguridad Social y grado de discapacidad del 33%, a efectos laborales, que desapareció en 2018 a causa de una sentencia judicial que advirtió un defecto meramente formal en la norma que la aprobó en 2013.
En paralelo, la titular de la cartera de Trabajo publicó un mensaje en sus redes sociales tras la reunión con el Cermi en el que apuntó que la reunión tenía el objetivo de “alcanzar un acuerdo que mejore la inserción laboral y coopere, de la mano del diálogo, en la mejora de las condiciones de trabajo de todas las personas con discapacidad”.
Tras la reacción dentro del propio Gobierno, desde el viernes pasado se han ido produciendo en cascada multitud de manifestaciones procedentes de diferentes ámbitos celebrando que el Ministerio de Trabajo haya dado marcha atrás y se haya comprometido expresamente a mantener las ayudas vigentes para el empleo de personas con discapacidad.
