Actualidad del Observatorio Español de la Economía Social

22/09/2022

Disponible un nuevo número de ‘CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa’

Está disponible la versión “on-line” de un nuevo número, el 40º, de ‘CIRIEC-España, revista jurídica de economía social y cooperativa’. El número incluye 9 artículos de temáticas diversas, comentarios a jurisprudencia, reseñas de publicaciones de carácter jurídico sobre entidades de Economía Social, y reseñas de jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre entidades de Economía Social. La publicación está accesible en la propia Web de la revista: www.ciriec-revistajuridica.es. (También está disponible en la plataforma OJS: https://ojs.uv.es/index.php/juridicaciriec/index).

Como novedad, el número incluye un editorial, que destaca la aprobación reciente de instrumentos jurídicos sobre Economía Social por parte de instituciones como la OIT, la OCDE y el Parlamento Europeo, que constituyen un trascendental hito en la evolución y consolidación de la Economía Social y Solidaria. A partir de ello, el editorial afirma que cabría esperar que paulatinamente se vaya produciendo la aceptación del término de ESS y la unificación de su definición a nivel internacional; la clarificación del marco jurídico y la producción de nuevos instrumentos jurídicos por parte de las organizaciones implicadas.

Abre la sección de artículos de la Revista un texto de Miguel Pino Abad sobre ‘Los antecedentes a la Ley de Cooperativas de 9 de septiembre de 1931’. En este artículo se analizan los diferentes antecedentes normativos que se redactaron en España previos a la ley de cooperativas de 1931, y cuyo punto de partida se encuentra en el proyecto de Joaquín Díaz de Rábago a fines del siglo XIX, proyecto que no cristalizó, como tampoco el anteproyecto que se elaboró por una comisión nombrada en 1925, y en la que desempeñó un papel fundamental Antonio Gascón y Miramón.

A continuación, Juan Escribano Gutiérrez analiza ‘El difícil tránsito a la condición de socio-trabajador en las cooperativas de trabajo asociado’. Según el autor, el examen de los diferentes mecanismos de adquisición colectiva de la empresa por parte de los trabajadores hace concluir “que no son suficientes para garantizarla y ello a pesar de que se generaliza, con relación a la adquisición de la condición de socio, la aplicación de la mayor parte de las medidas de fomento del empleo recientemente aprobadas”.

Sigue un artículo de Carlos Vargas Vasserot, sobre ‘El voto plural ponderado y el principio cooperativo de gestión democrática. Análisis de su paulatino reconocimiento en el derecho positivo español’. El artículo trata del reconocimiento legal del voto plural ponderado a los socios de las sociedades cooperativas de primer grado, con carácter general, y para determinados tipos de socios (por ejemplo, socios personas jurídicas), en especial.

Por su parte, Paula de Íscar de Rojas analiza la ‘Responsabilidad social empresarial en las cooperativas’, en particular las “buenas prácticas en materia de desconexión digital”. El trabajo estudia, por un lado, el marco normativo que regula en España el derecho a la desconexión digital, haciendo especial alusión a las sociedades cooperativas. Además, explora el vínculo existente entre el derecho a la desconexión en el ámbito laboral y los ODS, especialmente en lo referente al trabajo decente y a la conciliación de la vida profesional, familiar y personal. Por último, realiza una mención a la aplicación de protocolos internos de desconexión digital en las cooperativas.

El quinto artículo, de María del Carmen Pastor del Pino, realiza una ‘Revisión actual de la explotación comunitaria de la tierra y los condicionamientos de su fiscalidad’. La explotación comunitaria de la tierra está recobrando importancia como instrumento mediante el cual los titulares de derechos de explotaciones agrarias aúnan esfuerzos para mejorar su rendimiento y lograr objetivos de arraigo económico y social. El artículo analiza la forma en que la fiscalidad puede condicionar la utilización de dicho instrumento.

Por su parte, Julio Costas Comesaña estudia en su artículo los centros portuarios de empleo, como entidad mutualista. Según explica, los centros portuarios de empleo (CPE) son la respuesta normativa del Gobierno a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por la que se declaró el sistema español de gestión de la cesión de los trabajadores portuarios incompatible con la libertad de establecimiento en el mercado interior. En este trabajo se analiza la evolución histórica de este sistema y la legislación que se ha ido aprobando para conciliar, por una parte, los objetivos de interés general de continuidad y calidad del servicio de estiba portuaria, y de protección de los trabajadores portuarios con, por otra parte, la libertad de contratación y de competencia en los mercados de servicios portuarios. Se estudia también cómo la naturaleza mutualista de estos centros puede ser la clave que permita conciliar tales objetivos con la libertad de competencia.

A continuación, Antonio José Macías Ruano explora 'un marco normativo para las empresas sociales en España para el freno de la desigualdad'. En España no existe una norma específica para empresas sociales, solo alguna regulación sobre estructuras jurídicas que pueden ser calificables como tales. El autor propone la fórmula de su presencia legislativa para la mejora de la colectividad y que reduzca la desigualdad más allá de los integrantes de una estructura cualquiera o forma social.

El artículo de Salvador San Onofre Fernández, sobre ‘Las Mutualidades de Previsión Social: disección histórica, régimen jurídico y su adaptación a Solvencia II’, tiene por finalidad analizar las Mutualidades de ámbito nacional, desde su pronta aparición como instrumento de previsión social a través de las llamadas asociaciones de socorro hasta nuestros días, pasando por su régimen jurídico, la influencia que ha tenido sobre ellas la distinta normativa -sobre todo la relativa a Solvencia II-, y el impacto que determinadas circunstancias acontecidas en los años 2019 y 2020 tuvo sobre estas entidades aseguradoras de base mutual.

Por último, cierra la sección de artículos del número 40 de ‘CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa’ un texto de Daniel Francisco Nagao Menezes, que analiza el proceso de institucionalización de la agenda de la Economía Social y Solidaria (ESS) en América Latina, estudiando los procesos de integración regional de UNASUR y MERCOSUR. Se observa que dichos procesos regionales utilizan una concepción restringida de la ESS, que la define como un instrumento de política social para combatir la pobreza. Para el autor, ello limita el potencial transformador de la agenda de la ESS, y por ello propone una ampliación del concepto de ESS “con el fortalecimiento de prácticas socioproductivas como alternativa al desarrollo extractivo en la región”.

Volver