Actualidad del Observatorio Español de la Economía Social

10/02/2022

La vicepresidenta Yolanda Díaz recibe a CEPES para analizar la Reforma Laboral en las empresas de la Economía Social

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) se reunió el pasado 9 de febrero con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para analizar la Reforma Laboral en las empresas de la Economía Social. Acompañando a la vicepresidenta asistió el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, y acompañando al presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, asistieron el presidente de COCETA, Luis Miguel Jurado; el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, Ángel Villafranca, y la directora de CEPES, Carmen Comos.

Durante el encuentro, que CEPES calificó como “positivo y constructivo”, su presidente, Juan Antonio Pedreño, aseguró: “Tanto CEPES como toda la Economía Social están en sintonía con la filosofía que persigue la Reforma Laboral de generar empleo estable, reducir las desigualdades, eliminar la precariedad y apostar por los jóvenes, que son, en definitiva, retos coincidentes para avanzar en mejorar la vida y los derechos de las personas”.

No obstante, aun mostrando su apoyo “al grueso” de la nueva norma, la patronal de la Economía Social trasladó a Yolanda Díaz “preocupaciones sectoriales no resueltas” en la misma. En concreto, se manifestaron inquietudes respecto a los Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción, las Cofradías de Pescadores, las Cooperativas Agroalimentarias y las Cooperativas en general.

En este sentido, el presidente de CEPES trasladó a la vicepresidenta su interés de haber participado “más activamente” en el debate previo a la redacción de la Reforma Laboral, ya que algunos de los temas no resueltos “se podrían haber analizado antes e incluso solucionado en el texto normativo”.

Por ello, han fijado una hoja de ruta que establece reuniones técnicas con los colectivos afectados y modificaciones de algunas normas, como la Ley de Empresas de Inserción, la Ley de Cooperativas o incluso la Ley de Economía Social.

Necesidades por sectores

Con respecto a los Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción, CEPES se ha referido al retorno de personas en exclusión de las empresas de inserción, “que una vez que entran en el mercado laboral ordinario, pueden recaer en su motivo de exclusión y tienen que volver a la empresa de inserción”. Esta problemática, según apunta CEPES, resulta difícil de abordar con la Reforma Laboral, ante lo que, han reconocido, “hay voluntad” de resolverla en el marco de la nueva Ley de Empresas de Inserción.

Por su parte, en cuanto a las Cofradías de Pescadores, los reclamos se han centrado en la necesidad de encontrar una fórmula contractual para los trabajos puntuales que realiza el personal de descarga de los barcos con personal no fijo, hasta ahora cubiertos con el contrato de obra y servicio. Se advierte de un “importante” aumento del coste que va a suponer la cotización adicional al finalizar cada contrato temporal inferior a 30 días, para lo que se ha sugerido que se excepcione a las empresas pesqueras del Régimen Especial del Mar, al igual que ya ocurre con otros colectivos como las empleadas del hogar o la minería.

En relación con las Cooperativas Agroalimentarias se ha planteado, por un lado, cómo aplicar la Reforma Laboral a las campañas agrícolas de más de 90 días, como en el caso del olivar o de las frutas y hortalizas. Por otro lado, se ha trasladado la preocupación por la falta de mano de obra en el campo, para lo que se ha propuesto potenciar programas de contingencia con determinados países para garantizar personal estable, e incluso potenciar esta contingencia con planes formativos en el país de origen.

Respecto a las Cooperativas en general, se ha puesto de manifiesto la importancia de hacer ajustes en la legislación cooperativa a nivel estatal y autonómico para evitar discrepancias con la Reforma Laboral.

Por último, se ha puesto encima de la mesa la casuística de los contratos vinculados a proyectos financiados con fondos comunitarios. Hasta ahora estos contratos eran de obra y servicio vinculados a cada proyecto. Si se aplica la Reforma Laboral, las entidades tendrán que asumir los costes de indemnización, que no es un coste elegible en este tipo de proyectos. En este sentido, se ha pedido aplicar la excepcionalidad que ya contempla la Ley para el Sector Público.

Exclusión de la economía social en las nuevas propuestas normativas

Durante la reunión, Juan Antonio Pedreño mostró también su preocupación por la exclusión de la Economía Social en propuestas normativas como el Proyecto de Ley de Empresas Emergentes, el Proyecto de Ley de Creación y Consolidación de Empresas, actualmente en tramitación parlamentaria, o la Ley de Residuos, que ya ha llegado al Senado.

En este sentido, destacó la necesidad de generar mecanismos de coordinación y participación para que la Economía Social pueda participar en la actividad legislativa programada por el Gobierno para los próximos meses, de manera que se contemple en todas las normas la pluralidad de fórmulas jurídicas de la economía española. En la agenda legislativa inmediata se encuentran también: el Plan Anual Formativo, la Ley de Empleo, la Ley de Formación Profesional, la Ley de la Vivienda o la Ley de Servicios Sociales, y la nueva Ley de Industria, entre otras. Todas ellas son de gran interés e impacto para las empresas de Economía Social.

Además, en el encuentro se abordó también la inminente aprobación del PERTE de la Economía Social y Economía de los Cuidados, sobre el que se están ultimando los detalles y la dotación presupuestaria y que, en breve, será aprobado por el Consejo de Ministros y anunciado públicamente por el presidente del Gobierno.

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