Actualidad del Observatorio Español de la Economía Social

21/12/2017

Publicada la Ley de Microempresas Cooperativas y Cooperativas Rurales de Castilla-La Mancha

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicó el pasado 11 de diciembre la Ley de Microempresas Cooperativas y Cooperativas Rurales de Castilla-La Mancha, que modifica la Ley de Cooperativas manchega, aprobada en 2010. La nueva Ley tiene como fin “adaptar la regulación e impulsar un sector que genera empleo estable y de calidad y de gran importancia en la Región”, en palabras de la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, que logró el apoyo unánime del Parlamento autonómico para la aprobación de esta Ley.

En concreto, el sector empresarial de la economía social suma más de 2.100 empresas y más de 17.000 trabajadores en Castilla-La Mancha, de las que más de 1.300 son cooperativas, que generan más de 13.000 puestos de trabajo.

"El objetivo de esta ley no es otro que procurar un crecimiento lo más homogéneo posible, para no permitir que se pueda dar una salida de las crisis en dos velocidades, sino todos a la par", ha explicado la consejera de Empleo, que ha incidido en la importancia de apoyar al mundo rural para lograr su desarrollo, al mismo ritmo que las zonas urbanas.

La consejera de Empleo ha explicado que la norma aprobada incluye dos nuevas figuras, la Sociedad Microempresa Cooperativa y la Cooperativa Rural. La Microempresa Cooperativa tiene como objetivo principal facilitar a los emprendedores, y muy especialmente a los jóvenes universitarios, una nueva forma de autogestión en el proceso de dinamización económica y de creación de empleo. Es un tipo acotado a las cooperativas de trabajo asociado y de explotación comunitaria de la tierra, que adapta la legislación a entidades menores, para que ningún proyecto empresarial, por reducido que sea, quede sin cobertura jurídica de naturaleza cooperativa.

El mínimo de miembros para su constitución será de dos personas –frente a la exigencia general de 3– hasta un máximo de 10 socios, se articulará el pago de las cuotas a la Seguridad Social de manera anticipada, se simplificará el funcionamiento de los órganos sociales de la cooperativa, y se facilitará la constitución de la sociedad al permitir que se desembolse en una primera disposición el 50% del capital social de inicio (en vez de los 3.000 euros establecidos en la cooperativa ordinaria) y la cantidad restante en un plazo máximo de hasta dos años.

Por otro lado, la Cooperativa Rural será una cooperativa agroalimentaria que, además de su objeto social propio, desarrolle actividades económicas y servicios relacionados con la sostenibilidad, el impulso y la transformación del medio rural.

Con el apoyo del sector regional

La titular de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, aprovechó la aprobación de la nueva norma para agradecer también la colaboración del sector de la economía social regional, que “ha contribuido activamente a la redacción del proyecto de ley”. También ha significado que las empresas de economía social “son uno de los ejes prioritarios del desarrollo social y económico de la Región”.

A juicio de la consejera, las cooperativas son indispensables para democratizar la economía y permiten a la ciudadanía tomar las riendas de su propio destino, organizarse para la consecución de objetivos comunes y asegurar una distribución equitativa de los recursos.

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