17/11/2016
El CGPJ y la Plataforma del Tercer Sector firman un convenio para “trasladar la realidad social al Poder Judicial”
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, han suscrito un convenio de colaboración que tiene como objetivo la divulgación de la realidad y los problemas sociales entre los jueces y el acercamiento del Tercer Sector al Poder Judicial y su funcionamiento.
El contenido del convenio ya fue aprobado por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces el pasado 7 de julio, y en él se recalca que el CGPJ y la Plataforma "defienden bajo diferentes modalidades causas humanitarias y sociales, prestando especial atención y cuidado a los más desprotegidos".
Así, busca “trasladar la realidad y los problemas sociales al seno de las organizaciones del Consejo General del Poder Judicial, a los jueces, a los magistrados y a la Escuela del Poder Judicial”, para intensificar la labor que realizan desde sus respectivos ámbitos de actuación y para la satisfacción de las demandas sociales y necesidades de interés general.
Para el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, este convenio “supone un hito”, ya que es el primero en acercar al conjunto de las entidades sociales al ámbito judicial, “con voluntad e interés manifiesto de trabajar coordinadamente para la mejora de las personas vulnerables”.
Interlocución con un pilar sustancial del Estado
“Y no sólo vamos a acercar a las organizaciones del Tercer Sector al Poder Judicial, sino que vamos a hacer partícipes a los jueces y magistrados de los problemas sociales y necesidades reales de las personas que, sin cauces como el establecido hoy, no tendrían interlocución directa con un pilar sustancial del Estado, como es el Poder Judicial”, afirmó.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector destacó, además, que la firma de este acuerdo, que coincide con la constitución del nuevo Gobierno, sirva para afianzar el impulso normativo que necesita el Tercer Sector. Así, el despliegue efectivo de la Ley del Tercer Sector y de Voluntariado, aprobadas el año pasado, será “una de las primeras tareas a abordar, junto con la búsqueda de un marco de sostenibilidad financiera que permita la estabilidad del sector y de la labor que realizan a favor del interés general de nuestra sociedad”, concluyó.
Especial sensibilidad
Por su parte, Carlos Lesmes destacó “la especial sensibilidad” del Consejo y de los jueces hacia los colectivos más vulnerables, como las víctimas de violencia de género, las personas con discapacidad o las más afectadas por la crisis económica.
“El órgano de gobierno de los jueces no debe perder de vista la vertiente social que está en la esencia de toda actividad pública. La igualdad y la defensa de los derechos de las personas más vulnerables ha de ser también parte importante de nuestra actividad”, señaló.
