03/04/2014

El Tercer Sector reclama una Ley de Subvenciones que contemple la singularidad de sus entidades

Las entidades del Tercer Sector reclamaron el pasado lunes en Madrid una reforma de la Ley de Subvenciones que contemple la naturaleza y las singularidades del sector. Entre otras reivindicaciones incidieron en que no se identifique a las entidades como beneficiarias de las subvenciones que gestionan, sino a los 10 millones de personas a los que se dirigen sus acciones.

Las organizaciones sociales se reunieron para analizar y debatir las consecuencias que puede tener el borrador de reforma de la Ley de Subvenciones que prepara el Gobierno, así como las propuestas de modificación que plantea el colectivo, en un seminario organizado por la Plataforma del Tercer Sector. La jornada logró reunir a más de 500 personas, representantes de distintas entidades sociales de todo el Estado.

En la inauguración del seminario, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, recordó que esta propuesta de reforma “ya provocó una reacción fuerte del sector en su momento, que hizo que las principales entidades y plataformas iniciaran un trabajo en común”. En su opinión, en este momento “es vital mantener la unidad y establecer posiciones conjuntas para evitar la muerte de todo el sector”, ya que advirtió: “Están en riesgo de desaparecer años de lucha y trabajo en favor de los colectivos más necesitados y es necesario reaccionar con un discurso coherente”.

Según se estima desde esta Plataforma, en torno al 90% de entidades podrían desaparecer si definitivamente se aprueba esta reforma de la Ley, fundamentalmente por el empeoramiento que implica en cuanto al acceso a las subvenciones, el cobro de anticipos, los porcentajes de cofinanciación, los procesos de justificación y el régimen sancionador.

Múltiples aspectos problemáticos

En la misma jornada, Luis Ureña, auditor interno y asesor legal de Cáritas, resaltó entre los aspectos negativos de la reforma el aumento de la burocracia y los trámites administrativos; la no aceptación de facturas electrónicas como comprobante de pago; la ausencia de plazo por parte de la Administración para el abono de la subvención, o la anticipación del importe íntegro de la subvención por parte de la entidad.

En la misma línea, Juan Jesús Donoso, director del Departamento Económico de Cruz Roja, se refirió a la obligación para las entidades de financiar con fondos propios o privados un 25% de cada proyecto que lleven a cabo; el aumento en tipo y cantidad de las sanciones que llegan hasta la inhabilitación para la solicitud de subvenciones y acceso a concursos públicos; el establecimiento del pago post justificación; y la práctica desaparición de las subvenciones directas (sólo contempladas en el caso de que estén recogidas expresamente en los Presupuestos Generales del Estado).

En su opinión, uno de los puntos clave en la adecuación de la Ley al Tercer Sector es la concepción de la entidad como beneficiaria de la subvención, ya que, advirtió, se trata de una concepción que “se queda corta y pobre”, dado que las entidades del sector “son una correa transmisora” que no obtiene retorno de sus acciones, por lo que se las debería diferenciar en tratamiento respecto a aquellas que sí tienen fines lucrativos.

Más de 10 millones de personas beneficiarias

Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-España), fue el encargado de transmitir las conclusiones de la Jornada. En ellas dejó claro que el Tercer Sector está intentando con la modificación del borrador “evitar que una ley no se convierta en un problema” y que el trabajo de las entidades sociales “se pueda seguir haciendo de una manera eficaz y con calidad”.

Asimismo, recordó que los beneficiarios de las acciones del Tercer Sector son más de 10 millones de personas y “no las entidades sociales que actúan como intermediarios de la sociedad civil en favor de las personas más vulnerables”.

El sector reclama introducir las disposiciones necesarias en el texto actual que solucionen los graves problemas detectados en cuanto a la co-financiación de las actividades, justificación de gastos, régimen sancionador desproporcionado y la recuperación de las subvenciones directas. Además, pide que la normativa reguladora establezca un control más ágil y menos burocrático, sin menoscabo de la obligación de acreditar el buen fin de los recursos obtenidos.

En estos términos se pronunció también Rafael de Lorenzo, secretario general de la Plataforma del Tercer Sector, quien insistió en que dado que se trata de un anteproyecto destinado principalmente a regular las subvenciones dirigidas a empresas, “se olvida de las singularidades del Tercer Sector”. Por ello, pidió disposiciones que regulen específicamente las ayudas a estas entidades, con un tratamiento diferenciado para un sector también diferenciado.